En el principio sólo existían las Cajas Nacionales de Previsión (organismos públicos autárquicos y autónomos) que se encargaban de recaudar y administrar los aportes previsionales de los trabajadores, y posteriormente, de abonar las jubilaciones que correspondían. Y todos estaban contentos.
Hubo después un gobierno que decidió que esos aportes -solidaridad social mediante- debían financiar otras necesidades. De esa forma, cuando el trabajador llegaba a la edad de su jubilación, nada de lo que había aportado existía, y su remuneración dependía de lo que hubiera disponible en “rentas generales” y de los aumentos que el gobierno le otorgara “graciosamente”, siempre en vísperas de elecciones.
Para remediar tamaña injusticia (y también, por qué no decirlo, como brillante negocio financiero) surgió un día la opción de la administración privada de esos fondos. Quienes aceptaban esta alternativa, podían conocer constantemente cuánto era lo que habían aportado y que rentabilidad generaba ese capital. Su éxito dependía del buen uso que las administradoras dieran a esos fondos. Aparentemente, no fue tan bueno como se esperaba.
Pero la voracidad fiscal no tenía límites. Y entonces, otro día, sin consultar a sus dueños, un gobierno confiscó esos aportes con el argumento de “defender los intereses de trabajadores y jubilados”. Ahora esos fondos se utilizan, entre otros fines que más vale no conocer, para financiar planes de consumo tendientes a reactivar la economía, mediante préstamos a bajo interés destinados a la compra de heladeras, calefones, lavarropas etc. Nunca se sabrá –ni nadie lo espera- si los intereses provenientes de esos préstamos incrementarán el capital disponible para jubilaciones. Sin embargo, es muy probable que los jubilados reciban, formando parte de sus haberes, calefones, heladeras y lavarropas cuyas cuotas no fueron abonadas y que ni siquiera funcionen.
¿Que les queda por hacer a los jubilados, entonces, para defender sus derechos? Realmente, no lo sé, pero algunos han optado por recurrir a actividades francamente reñidas con la ley, lo cual no es aconsejable. La crónica policial menciona en estos días, precisamente, que una red internacional de tráfico de drogas que utilizaba como "mulas" a jubilados argentinos fue desbaratada en Israel, donde se apresó a seis de sus integrantes. La mercadería se transportaba oculta entre la ropa de uso personal.
No debería sorprendernos que las organizaciones internacionales del narcotráfico recurran a jubilados argentinos para conformar su nómina de personal. Sin duda se han enterado que tantas veces les han “metido la mula”, que los suponen aptos y con más que suficiente experiencia para la función.
